/ Martes, 26 de octubre de 2021

Una iniciativa relativamente inocua dirigida a limitar la cantidad deducible de impuestos de las donaciones hechas a organizaciones de la sociedad civil por individuos, elevó el listón en el Congreso. El presidente fue acusado de la intención de desaparecer estas organizaciones. La sobrerreacción de los presuntos afectados fue absolutamente injustificada según explicó la titular de la SAT Raquel Buenrostro, al precisar el alcance mínimo de la medida que no impide las donaciones realizadas por empresas.

Sin embargo, detrás de esta furiosa defensa de la deducibilidad de las donaciones entregadas a instituciones privadas que se dedican a diversas actividades aparentemente altruistas, se esconde un problema de dimensión filosófica: ¿quién debe decidir el destino de los impuestos? económico: ¿qué impacto tienen estas decisiones en la economía? y políticas: ¿cuánto poder legítimo del Estado se transfiere a los actores privados? Utilicé el adverbio "aparentemente" al referirme al altruismo de estas donaciones por el insistente argumento de los defensores de la deducibilidad, de que sin ella las organizaciones de la sociedad civil estarían condenadas a desaparecer.

De ser así, parecería que todas sus funciones dependen del dinero público que reciben a través de las donaciones mencionadas. Ese es exactamente el meollo del asunto. El mandatario calificó el fenómeno con la expresión “hacer una caravana con sombrero ajeno” al cuestionar la actitud de las empresas que donan recursos a las ONG con la justificación de que realizan desinteresadamente tareas a favor de grupos sociales que requieren apoyo y que no lo son. debidamente cuidado. Por el estado. La preocupación presidencial es justificable aunque la iniciativa ni siquiera afectó esta cuestionable práctica de utilizar recursos, que deben pagarse como impuestos, para financiar actividades privadas.

En mi libro Democracia sin partidos, publicado por Tirant Lo Blanch el año pasado, abordé parcialmente este fenómeno que sin duda requiere, tanto en la Academia como en el Congreso, un examen riguroso para romper la argumentación que hace que estas donaciones parezcan una conducta generosa y generosa. . altruista, cuando en realidad no lo es. Es un juego de espejos que distorsiona la realidad que refleja. Si una persona natural o jurídica, de los montos que deben entregarse al fisco, destina una parte a financiar una entidad privada, por loable que sea su actividad, lo que se dona en realidad es dinero público, es decir, recursos que en su lugar de llegar a la tesorería para cumplir con fines públicos, sólo se ocupan parcialmente para sustentar a los destinatarios finales del objeto de la institución, como hijos enfermos o madres desprotegidas, ya que una buena parte cubre los emolumentos de los administradores y sirve para la adquisición de activos y operaciones. gastos de los que pueden beneficiarse las personas cercanas a los donantes.

De esta manera, el dinero público —que ya tenía tal carácter desde el momento en que tuvo que ser utilizado para pagar impuestos— genera beneficios privados que no necesariamente son percibidos por las personas desfavorecidas apoyadas por la organización de la sociedad civil.

Así, si bien el Estado se ve privado de recursos que deben atender las prioridades definidas por las instituciones públicas, también se le acusa de no atender ciertas necesidades sociales que son atendidas por grupos privados. Es un sofisma, ya que el eventual descuido del Estado en cierto aspecto vendría precisamente por la falta de recursos que no fueron entregados porque su destino fue decidido por quien debió pagar los impuestos. Otra situación que vale la pena revisar es el impacto de este desvío, que implica el reemplazo de las instituciones gubernamentales por miembros del sector privado que definen, desde una posición de élite sin ningún control democrático, la aplicación de recursos a acciones que pueden no tener un carácter prioritario. desde el punto de vista público. Estrictamente hablando, una empresa no tendría derecho a donar recursos aunque no se beneficiara de la deducción, ya que esto necesariamente sería en detrimento de sus accionistas o de sus empleados.

La idea de que la participación de la sociedad civil en las tareas públicas expande la democracia puede ser cierta si lo hace con sus propios recursos; pero cuando los bienes públicos se utilizan para fines privados, por muy bien intencionados que sean, el valor democrático se restringe en favor de una concepción aristocrática.

Por supuesto, las personas tienen todo el derecho a dar dinero para cualquier propósito que consideren oportuno, siendo lícito, pero este obsequio debe salir de su propio bolsillo para que se justifique el destino que desean imprimir. El verdadero altruismo se basa en desprenderse de lo que es propio, no de lo que debe llegar a los demás a través de decisiones gubernamentales que tienen una base democrática.

Una iniciativa relativamente inocua dirigida a limitar la cantidad deducible de impuestos de las donaciones hechas a organizaciones de la sociedad civil por individuos, elevó el listón en el Congreso. El presidente fue acusado de la intención de desaparecer estas organizaciones. La sobrerreacción de los presuntos afectados fue absolutamente injustificada según explicó la titular de la SAT Raquel Buenrostro, al precisar el alcance mínimo de la medida que no impide las donaciones realizadas por empresas.

Sin embargo, detrás de esta furiosa defensa de la deducibilidad de las donaciones entregadas a instituciones privadas que se dedican a diversas actividades aparentemente altruistas, se esconde un problema de dimensión filosófica: ¿quién debe decidir el destino de los impuestos? económico: ¿qué impacto tienen estas decisiones en la economía? y políticas: ¿cuánto poder legítimo del Estado se transfiere a los actores privados? Utilicé el adverbio "aparentemente" al referirme al altruismo de estas donaciones por el insistente argumento de los defensores de la deducibilidad, de que sin ella las organizaciones de la sociedad civil estarían condenadas a desaparecer.

De ser así, parecería que todas sus funciones dependen del dinero público que reciben a través de las donaciones mencionadas. Ese es exactamente el meollo del asunto. El mandatario calificó el fenómeno con la expresión “hacer una caravana con sombrero ajeno” al cuestionar la actitud de las empresas que donan recursos a las ONG con la justificación de que realizan desinteresadamente tareas a favor de grupos sociales que requieren apoyo y que no lo son. debidamente cuidado. Por el estado. La preocupación presidencial es justificable aunque la iniciativa ni siquiera afectó esta cuestionable práctica de utilizar recursos, que deben pagarse como impuestos, para financiar actividades privadas.

En mi libro Democracia sin partidos, publicado por Tirant Lo Blanch el año pasado, abordé parcialmente este fenómeno que sin duda requiere, tanto en la Academia como en el Congreso, un examen riguroso para romper la argumentación que hace que estas donaciones parezcan una conducta generosa y generosa. . altruista, cuando en realidad no lo es. Es un juego de espejos que distorsiona la realidad que refleja. Si una persona natural o jurídica, de los montos que deben entregarse al fisco, destina una parte a financiar una entidad privada, por loable que sea su actividad, lo que se dona en realidad es dinero público, es decir, recursos que en su lugar de llegar a la tesorería para cumplir con fines públicos, sólo se ocupan parcialmente para sustentar a los destinatarios finales del objeto de la institución, como hijos enfermos o madres desprotegidas, ya que una buena parte cubre los emolumentos de los administradores y sirve para la adquisición de activos y operaciones. gastos de los que pueden beneficiarse las personas cercanas a los donantes.

De esta manera, el dinero público —que ya tenía tal carácter desde el momento en que tuvo que ser utilizado para pagar impuestos— genera beneficios privados que no necesariamente son percibidos por las personas desfavorecidas apoyadas por la organización de la sociedad civil.

Así, si bien el Estado se ve privado de recursos que deben atender las prioridades definidas por las instituciones públicas, también se le acusa de no atender ciertas necesidades sociales que son atendidas por grupos privados. Es un sofisma, ya que el eventual descuido del Estado en cierto aspecto vendría precisamente por la falta de recursos que no fueron entregados porque su destino fue decidido por quien debió pagar los impuestos. Otra situación que vale la pena revisar es el impacto de este desvío, que implica el reemplazo de las instituciones gubernamentales por miembros del sector privado que definen, desde una posición de élite sin ningún control democrático, la aplicación de recursos a acciones que pueden no tener un carácter prioritario. desde el punto de vista público. Estrictamente hablando, una empresa no tendría derecho a donar recursos aunque no se beneficiara de la deducción, ya que esto necesariamente sería en detrimento de sus accionistas o de sus empleados.

La idea de que la participación de la sociedad civil en las tareas públicas expande la democracia puede ser cierta si lo hace con sus propios recursos; pero cuando los bienes públicos se utilizan para fines privados, por muy bien intencionados que sean, el valor democrático se restringe en favor de una concepción aristocrática.

Por supuesto, las personas tienen todo el derecho a dar dinero para cualquier propósito que consideren oportuno, siendo lícito, pero este obsequio debe salir de su propio bolsillo para que se justifique el destino que desean imprimir. El verdadero altruismo se basa en desprenderse de lo que es propio, no de lo que debe llegar a los demás a través de decisiones gubernamentales que tienen una base democrática.